- Según el Colegio de Arquitectos de Gran Canaria
La prensa insular se ha hecho eco se las alegaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, (COAGC) que considera peligroso el anteproyecto de la Ley del Suelo que quiere llevar adelante el gobierno autónomo. Así, Rubén Acosta señala en La Provincia que permitir uso residencial en las zonas turísticas pervierte la rehabilitación ya que se vería frenada porque algunos de los que poseen un complejo turístico, en vez de rehabilitarlo se dedicarían a su venta a residentes.
El Colegio de Arquitectos estima que la permisividad de la ley en ese asunto tiene más que ver con las presiones periodísticas del momento que con el sentido común. También cree que el gobierno se ha dejado presionar por los promotores de casas vacacionales y por las agencias de viaje “online”, a la hora de introducir en la norma un aspecto que está fuera de toda lógica, según los arquitectos. Expresan otros argumentos adicionales como, por ejemplo, el empeoramiento de la calidad del destino ante la posibilidad de que se originen conflictos al mezclar a los turistas con los residentes, aparte de provocar la necesidad de nuevas infraestructuras al no poseer colegios, centros de salud, estacionamientos, etc.
A juicio del Colegio de Arquitectos, el texto mantiene las restricciones en el uso de los suelos turísticos, ya que se impediría la posibilidad de que surjan nuevas urbanizaciones turísticas en otro suelo urbanizable discontinuo, dándose esa opción sólo al uso industrial.
Por otro lado consideran que se conculcan las competencias de los cabildos insulares en el planeamiento al restringir a las corporaciones locales la calificación de nuevos suelos destinados a uso turístico. Los arquitectos cuestionan también el papel que deja el texto a las energías renovables, ya que impide la generación de la misma en los suelos de protección económica, dificultando con ello el camino y las posibilidades a la urgente implantación de las plantas renovables. El colegio de Arquitectos demanda al gobierno que aclare cuáles son sus competencias en el planeamiento municipal e insular, una vez que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) deje de tener las funciones de supervisión general y control de legalidad
Por lo tanto, haría falta concreción y establecer si el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma es transinsular u suprainsular. El COAGC ve que se puedan generar desigualdades entre los ayuntamientos porque unos puedan contar con su propio órgano ambiental y otros no, al no tener capacidad económica y técnica para ello. Estos últimos tendrían que dejar las avaluación ambiental del planeamiento en manos de los Cabildos o de la Comunidad Autónoma.
José M. Balbuena Castellano
