Al grito de “si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra” y “ Margarita Robles, si no lo arreglas, guerra” y tras una pancarta reclamando carga de trabajo, los trabajadores de la planta de Navantia de San Fernando (Cádiz) han marchado desde las puertas de la factoría al centro de Cádiz. La ministra de Defensa, Robles, ha desvinculado el contrato con Arabia Saudí de 400 bombas con el de las cinco corbetas para los astilleros de Cádiz.
El arreglo diplomático entre el Gobierno y Arabia Saudí consigue garantizar los contratos armamentísticos. Y es que el Gobierno no piensa renunciar al suculento contrato de armamento con Arabia Saudí.
Se trata de que el problema tiene antecedentes bien definidos: “La responsabilidad de que la Bahía de Cádiz se haya convertido en un pozo negro de desempleo y de emigración durante los últimos 40 años tiene nombres y apellidos: PP y PSOE”. Así, tal cual, con estas palabras, “pozo negro de desempleo y de emigración”, describía la situación el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, en pasadas fechas en una tribuna abierta enviada a los medios de comunicación.
Kichi terciaba así, con una misiva, en medio del embrollo que se abrió la semana anterior después de que el ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, decidiese poner en cuarentena el envío de una remesa de 400 bombas a Arabia Saudí, lo que, según diversas informaciones a las que desde luego los sindicatos dieron toda la credibilidad, puso en riesgo, en un efecto dominó, el encargo a Navantia de cinco corbetas para régimen de Riad, cuestionado desde diversos ámbitos por su desprecio a los derechos humanos. Se calcula que durante cinco años se generarían anualmente cerca de 6.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos (1.100 empleo directos, otros 1.800 empleos serían en la industria auxiliar del astillero gaditano y otros 3.000 serían empleos indirectos generados por otros suministradores), una cifra muy importante en una provincia con más de 150.000 parados. La elección: paz o pan
Desde que saltó la noticia, que causó honda preocupación en trabajadores y sindicatos de la provincia (creían tener solventado el trabajo hasta el año 2022), sólo representantes de ONGs han levantado la voz de manera clara contra la venta de armas y la fabricación de buques de guerra. Es este, el de los contratos militares, el de la fabricación y exportación de armamento desde el sector público, un asunto muy complejo, que afecta a las relaciones internacionales, y que mueve también a reflexiones que tienen que ver con temas como el pragmatismo, la coherencia política y la propia hipocresía de la, así llamada, razón de Estado. La elección, por usar palabras de Kichi, entre paz o pan, o entre muerte y precariedad, si se eligen las palabras de la ONG, provoca contradicciones irresolubles en el plano local.
Si el Gobierno, y, por tanto, España, decide participar del negocio internacional de la venta de armas, como en efecto así lo hace, poco se puede hacer desde Cádiz, salvo opinar. En la provincia (además de los Astilleros que fabrican los buques) está la base estadounidense de Rota, que genera también por supuesto intensos debates, polémicas, reflexiones y aceptaciones y rechazos de diverso tenor.
En este caso concreto, el de las bombas y las corbetas, las formaciones políticas y los dirigentes políticos de toda la provincia y de todos los colores lo han tenido claro. Al calor de las movilizaciones sindicales, con cortes de carreteras incluidos, el mensaje es nítido: con el empleo en Cádiz no se juega. Es claro: se cambian bombas por empleos, aunque esta definición no sea aceptada por nadie.
